La Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) prestaba, en teoría, asistencia humanitaria en 180 países. Sin embargo, fue acusada de alentar golpes de Estado. ¿Qué pasará tras su cierre?

Por Alfonso Insuasty Rodríguez*

El 20 de enero de 2025, durante su toma de posesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspendía por 90 días la entrega de ayuda a países con acuerdos de cooperación vigentes con Washington.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, anunció el cierre de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) como parte de una controvertida estrategia de reducción del gasto público y reestructuración estatal. Esta medida fue liderada por el multimillonario Elon Musk, designado como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El presidente Trump afirmó que gran parte de los fondos de USAID fueron utilizados de manera fraudulenta y que el manejo de estos recursos es injustificable en operaciones de cooperación exterior que no benefician directamente a ciudadanos estadounidenses ni se alinean con los intereses de Estados Unidos.

“LA CORRUPCIÓN ESTÁ A NIVELES RARAMENTE VISTOS ANTES. ¡CIÉRRENLA!”, escribió Trump en mayúsculas en su red social Truth Social. Esta decisión deja abierta la incógnita sobre el rumbo de su política exterior y el posible choque de poderes.

Un cuestionado pilar de la estrategia global

Desde su creación en 1961, USAID ha sido un pilar en la estrategia global de Washington. Aunque se presentó como organismo de cooperación y asistencia humanitaria, su intervención en distintos países ha sido fuertemente cuestionada.

El pasado 13 de febrero, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., el congresista Brian Mast criticó duramente a USAID. Calificó su actuación como una “traición a Estados Unidos”, argumentando que muchos de los programas de la agencia han perjudicado la posición global del país y desperdiciado recursos financieros, dándole un uso contraproducente para los intereses estadounidenses​.

Con presencia en más de 180 países y un presupuesto que superó los 60.000 millones de dólares en 2023, USAID ha financiado sectores estratégicos como justicia, paz, derechos humanos, migración, fortalecimiento democrático, medios de comunicación y desarrollo económico.

Un ejemplo de su impacto es Colombia, donde representa el 75% de la cooperación internacional. Su desaparición pone en riesgo 413 millones de dólares, afectando a múltiples ONG y programas de paz.

Sin embargo, USAID ha sido señalada en episodios de injerencia política en América Latina y otras regiones.

En Chile, según informes desclasificados de EE.UU., financió grupos opositores al gobierno de Salvador Allende antes del golpe de Estado de 1973. En Venezuela, en 2002, financió grupos involucrados en el fallido golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez, a través de la consultora estadounidense Development Alternatives Inc., y entre 2006 y 2009 apoyó protestas opositoras en el país.

En Bolivia, USAID fue expulsada en 2013 por el gobierno de Evo Morales, quien la acusó de conspirar contra su administración al apoyar a sectores opositores. Un año después, en 2014, se reveló que la agencia había desarrollado una estrategia para influir en la juventud cubana mediante una red social encubierta llamada ZunZuneo.

Con presencia en más de 180 países y un presupuesto que superó los 60.000 millones de dólares en 2023, USAID ha financiado sectores estratégicos como justicia, paz, derechos humanos, migración, fortalecimiento democrático, medios de comunicación y desarrollo económico. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa denunció en 2014 la interferencia de USAID en la política interna, lo que llevó a su expulsión tras años de conflictos con el gobierno. Mientras tanto, en Nicaragua, la agencia ha sido acusada de financiar protestas contra Daniel Ortega en 2018 con el fin de generar inestabilidad.

Más recientemente, en 2025, se reveló el financiamiento de USAID a opositores y también a festivales de rock que se realizaron en la frontera entre Venezuela y Colombia con fines políticos, además de exponer un entramado de corrupción que operó entre 2018 y 2020.

Con presencia en más de 180 países y un presupuesto que superó los 60.000 millones de dólares en 2023, USAID ha financiado sectores estratégicos como justicia, paz, derechos humanos, migración, fortalecimiento democrático, medios de comunicación y desarrollo económico.

Manipulación mediática

Una investigación publicada en el portal internacional Observatorio Crisis reveló que USAID destinó aproximadamente 472,6 millones de dólares a la ONG Internews Network, una organización con presencia en más de 30 países.

Aunque Internews se presenta como promotora de la libertad de prensa, el informe sugiere que ha sido utilizada para moldear narrativas alineadas con los intereses geopolíticos de EE.UU. y restringir voces disidentes.

Según un informe del Centro de Investigación en Economía y Política, la agencia también ha colaborado con diversas ONG y periodistas para desacreditar movimientos sociales y figuras políticas contrarias al modelo neoliberal.

Su rol en el “orden basado en el caos”

En el libro “Failed States”, el lingüista y politólogo Noam Chomsky analiza cómo Estados Unidos ha utilizado herramientas como la ayuda exterior (incluyendo programas de USAID) para mantener su influencia global, a menudo a expensas de la autonomía y el desarrollo sostenible de los países receptores.

Chomsky argumenta que, en muchos casos, la asistencia financiera de USAID no ha funcionado como una herramienta de desarrollo autónomo, sino que ha creado dependencias económicas, debilitado las estructuras estatales locales y moldeado narrativas públicas en favor de intereses específicos.

Este modelo de poder blando ha sido fundamental en golpes de Estado promovidos desde dentro, combinando operaciones mediáticas, movilización de protestas y alianzas con sectores legislativos y judiciales.

Un ejemplo emblemático de este fenómeno es la destitución del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009. Zelaya, quien había impulsado reformas progresistas y buscaba consolidar cambios constitucionales, fue derrocado por un golpe de Estado respaldado por sectores políticos y económicos conservadores.

Este evento no solo interrumpió un proceso democrático, sino que también evidenció cómo las élites locales, en alianza con actores internacionales, pueden utilizar mecanismos institucionales y extrainstitucionales para revertir cambios que perciben como amenazas a sus intereses.

Aunque intentos similares se han dado en países como Bolivia, Venezuela y México, no todos han logrado sus objetivos, lo que refleja la complejidad y diversidad de los contextos políticos en la región.

El declive y la nueva estrategia de Washington

El cierre de USAID no significa el fin de la injerencia estadounidense, sino un cambio de estrategia.

Es probable que los fondos antes canalizados por la agencia sean redirigidos a operaciones más encubiertas, aumentando la presión en un contexto de diplomacia basada en la agresión y el sometimiento directo.

Washington ha redefinido su estrategia de influencia global, priorizando medidas económicas coercitivas, lo que contrasta con la teoría del “poder blando” del politólogo Joseph Nye.

Este concepto enfatiza la capacidad de un país para influir a través de la cultura, los valores y la diplomacia, en lugar de recurrir a la fuerza militar o económica, es decir, el “poder duro”. Nye sostiene que el poder blando es clave para moldear percepciones y preferencias internacionales sin coerción directa.

Es así que, ahora, en lugar de financiar iniciativas políticas y sociales como lo hacía USAID, Estados Unidos impone sanciones, bloqueos comerciales y restricciones financieras como herramientas de castigo y control.

Trump, en particular, ha intensificado esta estrategia, utilizando la economía como un mecanismo de coerción contra países que no se alinean con los intereses estadounidenses.

Este tipo de decisiones de la administración Trump, además, han intensificado el choque de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, al desafiar normativas y derechos establecidos.

De hecho, el 8 de febrero de 2025, el juez federal Amir Ali ordenó levantar temporalmente la congelación de fondos de USAID, citando el impacto negativo en organizaciones y empresas.

La suspensión abrupta, impulsada por Trump y supervisada por Musk, provocó cuentas impagas y despidos masivos. Es así como el juez Carl Nichols bloqueó la destitución de miles de empleados de USAID, acentuando la tensión entre ambos poderes.

Así, se abre un nuevo capítulo cuyo desarrollo aún está por verse. Sin embargo, esta situación ha sacado a la luz un secreto a voces sobre la verdadera labor de la USAID en el mundo.

Construir autonomía y soberanía

La crisis consecuencia del cierre de la USAID representa una oportunidad para que los países del sur global redefinan sus estrategias de desarrollo y cooperación internacional.

La dependencia del financiamiento extranjero perpetúa la subordinación económica y política, prolongando estructuras de exclusión y desigualdad bajo una lógica neocolonial.

La cuestión no es si la “ayuda” de USAID es indispensable, sino si los países están dispuestos a seguir bajo su tutela o si, con todas las dificultades, ha llegado el momento de avanzar con dignidad y soberanía.

En su lugar, es esencial fortalecer alianzas sur-sur, impulsar economías autosuficientes y promover modelos de desarrollo basados en la autodeterminación de los pueblos.

Tras el declive de USAID, el futuro de la política exterior de EE.UU. podría ser aún más agresivo. Sin embargo, también puede marcar el inicio de una etapa en la que América Latina y otras regiones del sur global redoblen esfuerzos para consolidar un orden multipolar libre de injerencias externas.

 

Por Editor

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