Por Julio Yao Villalaz
Sudáfrica presentó una solicitud de medidas provisionales de resguardo como parte de su demanda formal contra Israel por violar la Convención de 1948 para la prevención del delito de genocidio. Dicha solicitud es la primera instancia, el primer paso, para exigir responsabilidades legales a Israel por aniquilar, diezmar, destruir, asesinar y ocasionar los más graves perjuicios contra el pueblo palestino, ocupado y aprisionado en Gaza, la “cárcel abierta más grande del mundo”. La decisión final de la corte, sujeta a votación, suele prolongarse.
La citada solicitud hace referencia al Artículo 2 de la citada Convención que insta a Israel a no cometer genocidio; a no incitar a cometer genocidio; a garantizar los servicios básicos a Gaza y evitar la destrucción de pruebas que comprueben delitos violatorios de la citada Convención.
La CIJ es el órgano judicial por excelencia de la ONU, y sus decisiones son determinantes y vinculantes para los Estados que sean parte del proceso o hayan aceptado su jurisdicción o competencia.
La actual presidenta de la CIJ es la magistrada de EE.UU., Joan Donoghue -la segunda mujer en el cargo- quien, entre 1984 y 1986, ejerció de abogada en la oficina de Asuntos Interamericanos de EE.UU. en Nicaragua, justo cuando este país, bajo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusó en La Haya a Washington de cometer actos terroristas en su territorio.
En junio de 1986, la CIJ condenó a EE.UU. a indemnizar a Nicaragua por 12 mil millones de dólares por haber financiado la guerra en ese país, suma que Washington ha rehusado pagar desde entonces y que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continúa reclamando infructuosamente por una mayor cuantía tras la inflación ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General de la ONU, António Guterrez.
Sin embargo, en su respuesta a la solicitud de Sudáfrica, la CIJ no pidió un alto al fuego, aunque de las prohibiciones ordenadas se infiera que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, debe cesar inmediatamente sus bombardeos a Palestina, prohibir actos bélicos al Departamento de Defensa de Israel y castigar a ciudadanos israelíes que actúen contra el pueblo palestino.
A pesar de la decisión del tribunal de ordenar medidas provisionales de resguardo, al 28 de enero de 2024, apenas dos días después de la primera, Israel, en abierto desafió a la CIJ y a la Carta de la ONU, ha asesinado a 174 palestinos y herido a 310 civiles residentes de Gaza, para un total de 27,000 asesinados y 69,000 heridos contados desde el 7 de octubre de 2023, sin contar a desaparecidos bajo los escombros. La mayor parte de los asesinados y heridos son niños, mujeres y ancianos.
Hasta hoy (29 de enero de 2024), el gobierno de Israel ha hecho caso omiso de la CIJ y prosigue su bombardeo salvaje e inmisericorde contra Palestina, lo cual significa que Tel Aviv rechaza la decisión de la CIJ.
¿Qué ocurre si un Estado, como Israel, no cumple con una sentencia de la CIJ? En tal evento, la contraparte, en este caso Sudáfrica, podrá presentar el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene poder para hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para que la sentencia tenga efecto. Lo mismo aplica para el caso de Nicaragua versus EE.UU.
La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, fue asesora jurídica adjunta principal del Departamento de Estado de EE.UU. entre 2007 y 2010, entre cuyas tareas estuvo asesorar a los demócratas Barack Obama y Bill Clinton en materia de derecho internacional, aunque su principal especialidad es la Biología y no la última disciplina.
Ojalá que Joan Donoghue recuerde que ella representa prioritaria y exclusivamente a la CIJ y a la conciencia de la humanidad y no a su antiguo patrón, el Departamento de Estado de EE.UU. Razones sobran para albergar dudas. ¿Por qué razón la CIJ no ordenó el alto al fuego que el mundo reclama?¿Será que la justicia puede ser bizca aunque no ciega?
Entretanto, prosiguen las más multitudinarias manifestaciones de la historia en el planeta contra la guerra y el genocidio de Israel, mientras se fortalece, por otra parte, la demanda de otros países como México y Chile para sentar ante el Tribunal Penal Internacional al máximo protagonista y responsable del genocidio contra el pueblo palestino, el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien puede ser arrestado por cualquier Estado miembro del TPI.
La humanidad tiene el deber de castigar a Israel, pues en su nombre sus más altos funcionarios han vociferado al mundo que “los palestinos son animales no humanos” (sic).
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El autor es internacionalista y ex Agente de la República de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ex Asesor Personal del canciller Juan Antonio Tack y de Omar Torrijos H. Colaborador de la Revista El Derecho de Vivir en Paz.
