Por Hervi Lara*
Desde 1944, los servicios de información de USA han situado en la categoría de “adversarios” a organizaciones progresistas de su propio país y de América Latina. Por de pronto, en enero de 1945, el FBI distribuyó un informe sobre “Las escuelas del partido comunista en Chile”, el que fue enviado al Secretario de Estado, al Departamento de Estado, al Jefe de Inteligencia Naval, al Director de Inteligencia de USA, bajo el principio de que “USA necesita preservar sus intereses en América Latina contra los prevalecientes movimientos anarquistas”.
Bajo el concepto de “comunista” y/o “rojo”, se ha englobado a personas y organizaciones con sesgo social, que promovieran la independencia nacional o simpatizaran con las reivindicaciones de sectores populares. La Guerra Fría no permitió a los Estados de América Latina su derecho a decidir su política exterior, así como tampoco su política interior, para subordinarlos a los intereses de USA.
El inicio de este proceso, conocido como Doctrina de Seguridad Nacional, aconteció con la creación de la Junta Interamericana de Defensa (30 de marzo de 1942), estableciéndose su sede en Washington. Simultáneamente, USA exigió la contribución de América Latina a solventar sus gastos bélicos en Europa y en el Asia-Pacífico. Por su parte, los núcleos nazi-fascistas de América Latina ofrecieron y prestaron su cooperación a los servicios de información clandestinos de USA. Es así como en 1953 diez países de América Latina (Chile entre ellos), aprobaron el Plan Militar General de USA, comprometiéndose a que su misión sería la “seguridad interior”.
La Doctrina de Seguridad Nacional posee un carácter geopolítico. Se oficializó con las dictaduras, a partir de la década de 1960. Busca el poder para la derecha fascista y es adornada con la conceptualización del integrismo católico. Su visión de nación se limita a lo castrense, expresando una confusión entre la nación y el Estado, identificando a ambos con las FFAA.
Se justifica ideológicamente mediante la búsqueda de la unidad nacional como principio valórico superior. Dicha unidad nacional ha sido entendida en el marco de las relaciones Este-Oeste, por lo que cualquier sospecha de disidencia o de duda es considerada como infiltración del comunismo y del terrorismo, entendiéndose a la vez como subversión.
En consecuencia, la unidad nacional exigiría la lucha antisubversiva, convertida en guerra total destinada a la eliminación física del enemigo. Esto, porque los objetivos nacionales se alcanzarían mediante una estrategia nacional en el frente externo y en el frente interno. Sólo de esta manera se podría construir el proyecto nacional llevado adelante por las FFAA, baluarte del destino del país, puesto que dichas instituciones estarían por encima de las divisiones políticas.
Luego, el principal enemigo, tanto externo como interno, sería el comunismo y todo atisbo de semejanza. Frente a ello se estableció el Pacto de Seguridad Hemisférica (Pacto de Río de Janeiro, 1947). Es así como la Doctrina de Seguridad Nacional, cuyo efecto es un nacionalismo tradicionalista y autoritario, también se constituyó como crítica de la democracia, porque ésta atentaría contra la unidad nacional al someter valores inmutables a mayorías ocasionales elegidas en elecciones universales, secretas e informadas.
En este plano, un aspecto relevante es la existencia en USA de una escuela militar que ha entrenado a más 70.000 soldados de distintos países de América Latina, quienes regresan a sus respectivos lugares de origen causando muerte y terror para servir a la política exterior de USA y proteger los intereses económicos de las transnacionales.
Se trata de la Escuela de las Américas que, desde el año 2001 lleva el nombre de Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC). Allí se entrena a soldados en tácticas de comando, campos minados, inteligencia militar, técnicas de interrogatorio y operaciones sicológicas. Desde 1946 a 1984 estuvo localizada en la Zona del Canal de Panamá bajo el nombre de Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los Estados Unidos y es sede del Comando Sur del Ejército de USA, cuya misión fundamental es la protección de los intereses norteamericanos en América Latina, creando un clima favorable para los negocios de las corporaciones de su país, con salarios ínfimos, dañando el medio ambiente y con sindicatos débiles e inexistentes. No obstante haber terminado la Guerra Fría, la expansión del capitalismo como sistema mundial reposa en la voluntad de USA para sostener su hegemonía militar sobre el mundo.
En este marco se comprende que el 9 de septiembre de 1970, por decisión 93 del Consejo Nacional de Seguridad (entonces dirigido por Henry Kissinger), una orden de Richard Nixon señalaba “evitar que el gobierno de Allende se consolide y limitar su capacidad de llevar a la práctica políticas contrarias a los interese de USA y del hemisferio”. Los medios a ser empleados serían (y así fueron) la guerra diplomática, la presión militar, la guerra económica, el bloqueo financiero y un informe mensual con nuevas medidas específicas.
Por eso, el 11 de septiembre de 1973 no fue un “cuartelazo” más, sino la destrucción de la soberanía del pueblo. En septiembre de 1970, la orden dada por Nixon fue acatada en Chile por los jefes de la Armada, de la Aviación y de Carabineros. En aquella oportunidad no obedeció el Ejército, pues su entonces Comandante en Jefe, general René Schneider, abortó la insurrección y ello le costó la vida. Tres años duró la resistencia dentro del Alto Mando, hasta que a fines de agosto de 1973 abandonaron sus cargos el jefe del Ejército, el comandante de la guarnición de Santiago y el comandante de Institutos Militares (Prats, Sepúlveda y Pickering, respectivamente).
El resto de la historia es suficientemente conocida. Pero lo que no se dice es que así se impuso la economía de mercado, imponiéndose también como su soporte la Constitución de 1980 que rige hasta hoy y que ha establecido la propiedad privada de los medios de producción y del sistema financiero como un derecho natural. De allí que en la actual pandemia de Covid-19 el gobierno actual, cuyos integrantes fueron “el partido político” de Pinochet, se esmeran en defender sus intereses económicos por sobre la vida del pueblo.
Hervi Lara, pertenece al Comité Oscar Romero y es integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile. Es un colaborador permanente de la Revista El Derecho de Vivir en Paz y un defensor de derechos humanos.
