Por Alfonso Insuasty Rodríguez*
Joe Biden, presidente de los EEUU, firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2025 (FY25 NDAA), que autoriza un presupuesto sin precedentes de $895 mil millones, mientras se profundizan desafíos sociales y ambientales en dicho país y el mundo.
Esta ley permite una inversión sin precedentes aumentando la tendencia militarista para 2025.
Presenta un enfoque significativo en la modernización de las capacidades militares, la investigación, desarrollo tecnológico y energía nuclear, priorizando la competencia geopolítica en un contexto de emergencia de un nuevo orden global multipolar..
Autoriza fondos para diversas actividades de defensa, proyectos de energía nuclear a la par que, garantiza contribuciones para el Programa de Inversión de seguridad de la OTAN.
Apoya esfuerzos para modernizar la parte terrestre de la triada nuclear de EE. UU., lo que implica la actualización de sistemas y capacidades nucleares.
Prevé una política sobre Inteligencia Artificial y Armas Nucleares. Establece una declaración de política que enfatiza la necesidad de interacción humana positiva en las decisiones sobre el lanzamiento de armas nucleares.
Autoriza la producción continua de sistemas de defensa de misiles, lo que indica un enfoque de competencia en temas de tecnología nuclear.
Se mencionan proyectos específicos con montos autorizados, como el «Plutonium Mission Safety & Quality Building» cuyo objetivo es reconstituir la producción industrial de núcleos de plutonio («pozos») para armas nucleares en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y otros proyectos en diferentes instalaciones.
Se establece un aumento del 14.5% para los miembros de servicio de menor rango y un 4.5% para todos los demás, mejorando así la compensación y el apoyo a los militares.
Estos elementos reflejan una preparación para enfrentar desafíos en el ámbito nuclear, así como un compromiso con la seguridad y la efectividad de las capacidades nucleares de EE. UU.
Reafirma el compromiso de EE. UU. con sus aliados y socios en la región asía pacífico al financiar iniciativas de seguridad, como la Iniciativa de Disuasión del Pacífico, que busca fortalecer la capacidad de defensa de los países aliados frente a amenazas regionales.
Autoriza programas de cooperación militar que facilitan la colaboración con naciones del Indo-Pacífico, lo que incluye ejercicios conjuntos y el intercambio de información para mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de EE. UU. y sus aliados.
Reconoce el espacio como un dominio crítico tanto para la defensa como para el comercio. Se enfatiza la necesidad de que el Departamento de Defensa (DoD) adopte e integre capacidades comerciales en los sistemas gubernamentales para este fin.
Establece una Iniciativa de Cooperación en Seguridad para Taiwán, diseñada para ayudar a la isla a mantener capacidades de autodefensa adecuadas, en línea con la Ley de Relaciones con Taiwán.
Incluye medidas para mejorar la seguridad marítima lo que es crucial dado el contexto de tensiones en el Mar de China Meridional y otros espacios marítimos estratégicos.
Autoriza al Secretario de Defensa a apoyar a la Guardia Costera en la ejecución de leyes marítimas existentes acordadas entre EE. UU. y países amigos para combatir “crímenes transnacionales”, incluyendo la pesca ilegal, no reportada y no regulada.
Permite a EE. UU. colaborar con fuerzas militares de países socios en temas relacionados con la seguridad y la lucha contra la criminalidad transnacional, incluye medidas para mejorar las capacidades de defensa en la región.
Enfatiza la necesidad de colaboración y asociaciones con empresas del sector privado para desarrollar, mejorar y desplegar capacidades de defensa. Esto incluye la adopción de capacidades comerciales para fortalecer la innovación y la modernización dentro del Departamento de Defensa (DoD).
Busca potenciar la investigación, desarrollo e innovación en colaboración con la industria privada en tecnologías emergentes, mejorar la preparación militar involucrando a empresas privadas, universidades y laboratorios de defensa.
Permite hacer subvenciones o acuerdos cooperativos con estados para apoyar proyectos de infraestructura pública que promuevan el fortalecimiento de la base industrial de defensa, lo que implica fortalecer la colaboración entre el gobierno y la industria.
América Latina
La expansión de capacidades militares de EE. UU. sin duda generará mayores tensiones en América Latina, especialmente en un contexto donde algunos países busquen fortalecer su soberanía y autonomía.
La cada vez mayor militarización de la política exterior de EE. UU. es una amenaza a la estabilidad regional y a los esfuerzos de cooperación soberana entre naciones latinoamericanas.
Se reafirma el compromiso de EE. UU. con sus aliados y socios, lo que podría leerse como un respaldo a intervenciones en la región bajo el pretexto de la seguridad, como históricamente ha ocurrido.
El enfoque basado en la competencia geopolítica, especialmente con potencias como China y Rusia, llevará sin duda a una creciente polarización en las relaciones internacionales, donde los países latinoamericanos se vean muy presionados a alinearse con una u otra potencia, en lugar de seguir una política exterior independiente que priorice sus propios intereses.
La región enfrentará mayores presiones para alinear sus políticas de defensa con intereses estadounidenses, esto erosiona la soberanía y aumenta el riesgo de conflictos híbridos y guerras proxis.
Se acentúa una lógica neo-colonial, donde las decisiones sobre la seguridad y la defensa de los países latinoamericanos son dictadas por intereses estadounidenses y esto de la mano del control de regiones estratégicas por su carga en recursos naturales.
La larga lucha por la dignidad y la soberanía.
Este panorama refuerza la necesidad de una respuesta regional que priorice la dignidad, la paz, la soberanía y el desarrollo sostenible frente a la injerencia extranjera y los impactos derivados de estas políticas.
En América Latina, donde muchos países dependen de sus recursos naturales, la expansión de la presencia militar estadounidense podría amenazar la sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
Detener el creciente fenómeno de la migración, dominar la generación de nueva infraestructura vial comercial, así como el control de zonas ricas en recursos estratégicos serán los objetivos reales de fondo en la región.
Es fundamental que los gobiernos latinoamericanos, en lugar de alinearse con las políticas de militarización de EE. UU., busquen fortalecer la cooperación regional y promover un enfoque centrado en los derechos humanos, la soberanía y la sostenibilidad ambiental real.
En Colombia, por ejemplo, el anhelo de paz territorial se verá amenazado por la persistencia de grupos armados y el narcotráfico, fenómenos que a menudo se ven potenciados en paralelo a esta mayor enfoque basado en la militarización.
El proceso de paz firmado en 2016 con la insurgencia de las FARC-EP y los procesos que hoy se adelantan y que buscan poner fin a décadas de conflicto armado, se encuentra en una encrucijada que se verían afectados directa o indirectamente por esta política exterior de EE. UU. Centrada en el aumento de la asistencia militar.
La defensa de los territorios, la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos de las comunidades étnicas, campesinas, obreras, periferias urbanas deben ser prioridades en la agenda política soberana.
Solo así podrán construir un futuro en el que el anhelo de paz territorial y con cambios, en Colombia y en toda la región.
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*Docente investigador Universdiad de San Buenaventura Medellín, catedrático Maestría en ciencia, Tecnología, Sociedad e innovación (ITM) parte de REDIPAZ, Integrante Grupo de investigación y Editorial Kavilando www.kavilando.org
