Por Hervi Lara Bravo*
Sobre la situación de Haití, lo más conocido es la violencia de las pandillas contra la población y las instituciones. Han atacado 900 escuelas, 18 hospitales, 4 universidades, la biblioteca nacional, las redacciones de los diarios. Las pandillas reciben armas desde Miami y están conformadas por grupos delictuales de ex policías de USA, pandilleros de Nueva York y lumpen haitiano, cuyo objetivo es destruir la nación. (1).
En Colombia, entre 1984 y 2016, la derecha, el ejército, el paramilitarismo y el narcofascismo asesinaron a alrededor de 5.733 ex integrantes de la Unión Patriótica que se habían reinsertado en la vida ciudadana. En el mismo país, el ejército ejecutó a más de 6.000 jóvenes en operativos denominados “falsos positivos”.
Entre los servicios de seguridad de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, a los que más tarde se sumaron Perú y Ecuador, intercambiaron y asesinaron a presos políticos para aniquilar a la “intelligentsia” de América del Sur.
En Argentina, con 30.000 detenidos-desaparecidos durante la dictadura del general Videla, más un número indeterminado de nacidos en cautiverio que fueron comercializados por militares y policías, hoy el Presidente Milei ha solicitado ser “socio global” de la OTAN. Al mismo tiempo ha adquirido 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca (antiguos y de fabricación norteamericana) a un costo de 300 millones de dólares, paralelamente al incremento de la pobreza en el país; ha facilitado la instalación de una base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur; ha recibido la visita de la Jefa del Comando Sur del Ejército y de otros personeros de USA; y en el breve lapso de su mandato ha efectuado cinco viajes al gigante del norte. Los países vecinos han tomado nota para también incrementar sus arsenales.
En Chile, en relación al contexto del estallido social de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “debido al desproporcionado, arbitrario e innecesario uso de la fuerza y la brutalidad de las fuerzas policiales y armadas, incluyendo la tortura, malos tratos y violencia sexual (…) así como el fallecimiento de un número considerable de personas (…) con el paso del tiempo y la prescripción de buena parte de los delitos a los cinco años de ocurridos los hechos (tales como los delitos de apremios ilegítimos, podría dar lugar a la impunidad y a la vulneración de derecho a un recurso efectivo de las víctimas”. (2). Sin consideración a este marco, el General Director de Carabineros ha rehusado reiteradamente presentarse ante la justicia por la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional con que Carabineros reprimió las protestas masivas de aquel período.
Simultáneamente, la Dirección de Logística de Carabineros ha abierto una licitación pública para la compra de 308 camiones con calabozo; 192 radiopatrullas sin calabozo; 70 camionetas policiales; 74 cuarteles móviles y 400 motocicletas todo terreno “para que el personal pueda realizar su función conforme a las necesidades propias del servicio”. Lo que se suma a 497 unidades ya distribuidas en 2022. (3). Esto último, porque el gobierno pretende elevar los estándares “de seguridad y dignidad” de los policías.
En la línea anterior acerca de la realidad de Chile, recientemente el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas ha presentado ante la Contraloría General de la República la situación producida “en una marcha de instrucción militar de un contingente de conscriptos del ejército en la que perdió la vida el conscripto Franco Vargas, 45 terminaron con un cuadro infeccioso y dos fueron internados en estado grave en la UCI del Hospital Militar. Los conscriptos no contaban con la indumentaria adecuada y han señalado que “durante el período de instrucción habrían recibido malos tratos, crueles y humillantes” (…) “haber sido alimentados de mala manera, con alimentos en mal estado y en cantidades insuficientes”.
Siguiendo el mismo tenor, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ante la regresiva agenda de seguridad y en materias de derechos humanos en el Chile actual, ha mostrado preocupación por las propuestas retardatarias y contrarias a las obligaciones internacionales de derechos humanos de parte de dirigencias políticas y autoridades públicas, con la participación de las líneas editoriales de los medios de comunicación masivos.
Estas propuestas asumen que la solución de los problemas de seguridad y aumento de la criminalidad estaría en los mayores grados de permisividad y ausencia de controles al ejercicio de la violencia de parte de las policías. En un documento público (4) se hace mención a la denominada “Ley Naín-Retamal”, que establece la “legítima defensa privilegiada” a favor de los funcionarios policiales, a los que se excluye de medidas cautelares.
Similar tendencia se da en el Proyecto de Ley que regula el uso de la fuerza para los policías, conocido como “Reglas de uso de la fuerza”, imponiendo la noción de “objetivo legítimo” que dificulta la carga probatoria en contra de eventuales víctimas del actuar policial.
Otra de las propuestas regresivas es la que promueve el restablecimiento de la pena de muerte, no obstante la Convención Americana de Derechos Humanos lo prohíbe a los Estados que la han derogado. También se intenta ampliar el ámbito de competencia de la Justicia Militar, abarcando a civiles y a uniformados que cometen delitos contra civiles. Se ha normalizado el Régimen de Excepción Constitucional afectando al pueblo mapuche. Se observa ausencia de reforma y renovación en la formación de policías y militares. Se pretende otorgar privilegios penitenciarios para beneficiar a 246 condenados de crímenes de lesa humanidad y otra propuesta de amnistía para los imputados y condenados por crímenes cometidos en el estallido social de 2019.
Por su parte, los medios de comunicación social realizan una cobertura cuestionable sobre temas de delincuencia y de violencia, provocando un clima de terror colectivo para justificar las propuestas señaladas. (4).
La noción de seguridad es un principio que tiene origen en el ámbito militar, habiéndose traducido en la Doctrina de Seguridad Nacional que, en los hechos, es una doctrina de seguridad de USA y que este país la utiliza a través de la OTAN y, en América Latina, en las redes implementadas por el Comando Sur del Ejército de USA.
Su acción se ejerce por encima de la institucionalidad de los países y se esmera en introducir conflictos, crimen organizado, bandas de narcotráfico, y otros medios de esta índole, de tal manera de mantener y defender el poder de las corporaciones multinacionales.
La imposición de gobernantes títeres y de bandas criminales para provocar caos y desesperanza en los pueblos es lo que sirve al “poder imperial” para proceder al dominio y saqueo de recursos naturales. Las redes de comunicación contribuyen a provocar una “guerra psicológica” en medio de una juventud que carece de proyectos de futuro.
Se trata de un proceso de deshumanización total para una dominación total, porque destruyen a los pueblos en los planos políticos, económicos, ecológicos, sociales, culturales y mentales, para una posterior invasión o golpe militar interno y así asumir el poder absoluto.
Lo ha reiterado Laura Richardson, Jefa del Comando Sur del Ejército de USA: “Lo que hacemos es trabajar con los jefes de defensa de todos los ejércitos (…) nos reunimos y hablamos de los retos de seguridad” (…) (porque los medios de prensa) “Russia Today, Sputnik y Telesur no practican el periodismo de verdad. Eso debilita a las democracias… nuestros adversarios hacen horas extras para socavar el Estado de derecho, fomentar la inseguridad y la inestabilidad”. (5)
En consecuencia, hoy se vive una crisis profunda que se encamina a la extensión de sistemas autoritarios, lo que se observa por el crecimiento de movimientos y partidos de ultraderecha. Esto sucede por el deterioro de las condiciones económicas y sociales de las clases populares causado por el modelo neoliberal, el cual ha alcanzado el límite y lanza “zarpazos” para continuar imponiéndose. La superación de la crisis podría darse, en alguna medida, a través de la creación de círculos de educación popular para pasar de la “enfermedad de la desesperación” a la “conciencia política como búsqueda de las esperanzas”.
NOTAS:
- Diálogo con Camille Chalmers, economista y analista político haitiano.
- Observaciones sobre el séptimo informe periódico de Chile del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
- Reportaje de Nicolás García (2-22-23) publicado en “Infodefensa.com” del 5-6-24.
- Cfr: “La Comisión Chilena de Derechos Humanos ante la regresiva y retardataria agenda de seguridad y en materias de derechos humanos en el Chile actual”. (Santiago de Chile, 21-5-24).
- Entrevista de Marta Escurra (17-12-23).
* Hervi Lara Bravo, pertenece al Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile, y al Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas. Es colaborador de la Revista El Derecho de Vivir en Paz.
