Por Félix Madariaga
¿Quién se hace cargo de ellos cuando termina la guerra y vuelven a sus países de origen? El ejemplo de Colombia, es un camino que deberían comenzar a pensar los distintos países que proveen de esta mano de obra para la guerra. Crear leyes para una problemática de hoy y del futuro.
Colombia es un ejemplo que nos gustaría que siguieran muchas naciones que son exportadores de combatientes, país en el que desde hace algunos años se está buscando una solución para el grave problema de los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privada (EMSP). El año pasado, el presidente Gustavo Petro presentó una ley para impedir el reclutamiento de mercenarios en su país. El proyecto tiene como objetivo principal evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias: tipificando el delito de mercenarismo, prohibiendo el entrenamiento paramilitar para fines mercenarios, apuntando a la cooperación internacional y dando protección a los veteranos.
Colombia ha sido por años uno de los principales proveedores de mercenarios, lo que se debe fundamentalmente a la alta capacitación militar, falta de oportunidades económicas y una importante demanda global. Más de 4000 ex militares colombianos han sido contratados para servir en conflictos internacionales, principalmente en Oriente Medio y África, lo que demuestra también cómo el capital humano entrenado con recursos estatales se está usando para producir utilidades privadas.
Es evidente que el mercado de los mercenarios y contratistas privados, como les gusta hacerse llamar, crea problemas tanto internos como externos. La participación de ellos en conflictos ajenos puede dañar la imagen y la reputación internacional de un país, además de ser una forma involuntaria de exportación de violencia y criminalidad.
El mercenarismo debe prohibirse y se deben establecer mecanismos internacionales efectivos que controlen, persigan y castiguen a las empresas militares y de seguridad privada que reclutan personas e intervienen de manera poco transparente a lo largo de todo el planeta.
Aplaudimos el esfuerzo de Colombia, y esperamos que inspire a otros países como Chile, donde algunos diputados nos comentaron en off the record que no hay iniciativas ni proyectos en ese sentido. Esto nos preocupa, y nos preocupa de verdad, porque vemos cómo la inseguridad se hace parte de nuestra sociedad, y curiosamente hace un año fuimos testigos, a través de los informativos de TV, del actuar de un grupo de choque paramilitar, con armamento sofisticado, chalecos antibalas y uniformes, secuestrando a un ex militar venezolano desde un edificio de Santiago, para posteriormente asesinarlo y hacerlo desaparecer. No cualquiera tiene la capacidad de realizar una operación militar de esa envergadura. El secuestro del coronel venezolano fue estudiado y planificado con mucha antelación y podríamos pensar que los que actuaron, podrían entrar perfectamente en el perfil de mercenarios ahora convertidos en delincuentes.
El compromiso con la paz y la legalidad no puede encenderse y apagarse a conveniencia
A pesar de la falta de regulación y de los problemas éticos y políticos que comporta, el mercado de las empresas militares y de seguridad privada continúa creciendo viento en popa, con grandes beneficios económicos para las compañías, que obtienen mucha de su mano de obra desde África y Latinoamérica, mano de obra, mejor dicho, carne de cañón. Sí, porque en general, las posiciones especializadas son cubiertas por expertos de los ejércitos oficiales, y al frente de batalla, van, más o menos preparados los pseudo-soldados, que por unos cuantos dólares arriesgan sus vidas en conflictos lejanos, muy lejanos.
Según el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF), se calcula que actualmente existen más de 450 compañías militares privadas que operan en más de 50 países, empleando a 5 millones de personas en África, 2,5 millones en América Latina y el Caribe y a 2 millones en Europa, aunque es difícil estimar un número exacto ya que existen muchos operadores que actúan en zonas grises o negras del mercado. Económicamente, el valor de este negocio asciende conservadoramente a unos 244.000 millones de dólares.
Los cuatro países que encabezan esta “industria”, con aproximadamente el 70% del mercado son Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica, lógicamente en Estados Unidos se concentran las mayores EMSP siendo también un importante cliente de ellas.
¿Y dónde está el problema?
La participación de este tipo de empresas en conflictos armados no es nueva ni novedosa, aunque por muchos años haya pasado desapercibida a la opinión pública. Las guerras de Irak y Afganistán fueron el punto de inflexión para su crecimiento acelerado. Miles de soldados privados fueron contratados por Estados Unidos para “apoyar” sus operaciones militares.
El problema está en lo que se ha denominado “privatización” de la guerra, las EMPS están asumiendo cada vez más roles y funciones en los conflictos en desmedro de la soberanía de los Estados y su monopolio sobre el uso de la fuerza, con contratistas que en demasiadas ocasiones han demostrado falta de ética y respeto hacia los derechos humanos.
Dentro de las actividades oficialmente declaradas por estas compañías se encuentran, por ejemplo, apoyo logístico, mantenimiento del armamento y los sistemas de defensa, inteligencia, desminado y limpieza de Elementos Explosivos Sin Detonar (UXO´s), asesorías y consultorías en áreas tan diversas como reconstrucción, estabilización, reorganización de fuerzas armadas y policiales, entrenamiento en capacidades específicas y quizás las más polémicas, la seguridad para la protección de instalaciones y personas y la participación en combates.
Y quiénes son los contratistas que llevan a cabo estas funciones, en general, las EMSP utilizan una fuerza de trabajo flexible que seleccionan de acuerdo a sus habilidades. Muchos son ex militares, en ocasiones de grupos especiales, con experiencia en temas de seguridad, amantes de las armas y la disciplina militar.
Como ejemplo, según un artículo publicado por Izquierda Revolucionaria durante la guerra de Irak había 122 ex militares chilenos “que sirvieron a las órdenes de Pinochet, los reclutaron a través de un anuncio aparecido en el periódico chileno El Mercurio (12/10/03) en el que se invitaba a ex-militares, preferentemente con experiencia en instrucción de comandos y dominio del inglés, para prestar sus servicios de seguridad en el exterior cobrando 18.000 dólares por seis meses de trabajo, al anuncio respondieron 400 infantes de marina y antiguos “boinas negras” (fuerzas especiales del ejército chileno). Estos mercenarios fueron contratados por una de las principales empresas del sector, Blackwater Security, filial de Halliburton (vinculada al vicepresidente estadounidense Cheney)”.
Por decir lo menos, siniestro.
Esta historia continuará……..
Mercenarios y contratistas civiles: el negocio sucio de las guerras (Segunda parte)
Por Félix Madariaga
Mucho más allá de lo legal
No son tantos los casos conocidos públicamente – pero son suficientes para preocuparnos – en que estas empresas y sus contratistas civiles, han estado envueltos en escándalos y excesos, con altos costos de vidas en las más diversas latitudes del planeta, violando el derecho internacional humanitario.
El 16 de septiembre de 2007, personal de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide (actualmente Academi) utilizó armas de fuego mientras escoltaba un convoy en Bagdad, lo que terminó con la muerte de 17 civiles y 24 heridos iraquíes. Las investigaciones concluyeron que abrieron fuego injustificadamente contra civiles desarmados, sin embargo, a pesar de que 5 contratistas fueron procesados, en 2009 todo quedó en nada.
En noviembre de 2024, un jurado federal ordenó a la empresa CACI Premier Technology a pagar 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib. Sentencia que llegó después de 16 años.
En su informe de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, se señalaba que “Para el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, resulta evidente que el reclutamiento, el adiestramiento, la financiación y la utilización de mercenarios y agentes afines sigue siendo un problema sistémico creciente que atraviesa regiones, países concretos y múltiples conflictos armados. El Grupo de Trabajo ha advertido en repetidas ocasiones que la utilización de mercenarios y agentes afines prolonga los conflictos armados, socava los procesos de paz, desestabiliza las regiones y, lo que es más preocupante, acarrea y agrava la comisión de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil. El grado de utilización de esos agentes y las atrocidades que cometen en todo el mundo han llegado a cotas nunca antes vistas”.
En ese marco no parece imposible que miembros de estas organizaciones puedan estar interviniendo en cualquier lugar del mundo para su propio beneficio o de un tercero sin ningún tipo de control. ¿Quién podría asegurar que no han intervenido en operaciones de gran envergadura, que podrían incluso desestabilizar un gobierno, como el secuestro de Ronald Ojeda en nuestro País?
Grandes problemas, pequeñas soluciones
La problemática ligada a este mercado de guerra alternativo tiene muchas facetas, sólo señalamos dos: la falta de mecanismos de control y regulación de sus actividades; la segunda, el capital humano ocupado ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿Quién se hace cargo de ellos y sus acciones durante y finalizados sus contratos?
El Documento de Montreux (finalizado en 2008, apoyado actualmente por 59 Estados y 3 Organizaciones Internacionales), busca proporcionar un plan para que los gobiernos regulen efectivamente las EMSP, destaca las responsabilidades de los Estados y reafirma las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional y en particular, el derecho internacional humanitario (DIH) aunque no es un tratado legalmente vinculante.
Aunque han surgido a lo largo de los años varias iniciativas que intentan regular este mercado, todas con muy buenas intenciones, en la práctica tienen poca eficiencia. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, creado por la ONU en 2005, tiene jurisdicción para monitorear las actividades de las EMSP para asegurarse de que respeten los derechos humanos, pero no tiene autoridad para imponer a los Estados sus recomendaciones.
En 2012, el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la ONU emitió el Sistema de Gestión de Seguridad para acompañar a las directrices sobre el uso de los servicios de seguridad; en 2017 el Parlamento Europeo aprobó un informe que insta a regular las EMSP y recomienda únicamente la contratación de EMSP establecidas en la UE para evitar paraísos contractuales.
La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una suerte de imán para los combatientes extranjeros de numerosos países. En el caso de Ucrania, algunos de los mercenarios provienen incluso de varios países latinoamericanos como Argentina, México, Ecuador y mayoritariamente Colombia. De hecho, el Presidente Volodymyr Zelensky, dijo a principios del año pasado que unas 20.000 personas de 52 países del mundo llegarían a ayudar.
A mediados del 2022, después de que Kiev formara su Legión Internacional de Defensa, ya se habían unido 20.000 “voluntarios”, según el gobierno ucraniano, número que se ha reducido a un estimado de 2.000 a 3.000 personas, lo que a juicio de los expertos es un número muy menor para hacer una diferencia en la guerra. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que en el territorio ucraniano se registran contratistas de más de 80 países, esto pese a que las leyes de una gran cantidad de Estados prohíbe la actividad mercenaria.
¿Qué sucederá con esos combatientes cuando termine la guerra o sus contratos? La respuesta no es fácil, muchos de ellos ofrecen sus servicios por las expectativas de buenos sueldos y otros beneficios, sin embargo, la realidad choca con las expectativas. En el caso de Ucrania, después de viajar miles de kilómetros, muchos han quedado varados a la espera de ser reclutados y combatir en el frente; algunos se encuentran desaparecidos y muchos ven desvanecerse los sueños de poder radicarse en Europa finalizado el conflicto.
Los ex militares de Pinochet
¿Y cuál es la realidad chilena? Para hacernos una idea, veamos sólo 1 caso. En octubre de 2003, el diario La Tercera publicaba un aviso de la empresa con sede en Washington DC, Red Táctica, en el que se buscaban ex oficiales “preferentemente de fuerzas especiales, con salud compatible y con dominio del inglés”. La empresa explicó más tarde que la búsqueda era para tareas de consultoría portuaria. Sin embargo, el presidente de Blackwater, Gary Jackson, decía otra cosa en diario británico The Guardian: “Vamos hasta el fin del mundo en busca de profesionales y los comandos chilenos son muy profesionales y se ajustan al sistema de Blackwater”. El sistema de Blackwater es simple: contratan soldados retirados en el tercer mundo, los entrenan muchas veces en sus mismos países – a veces incluso con ayuda de las fuerzas armadas locales– y los colocan como agentes de seguridad privada en lugares de alto riesgo, como embajadas o bases militares extranjeras en Irak.
En Chile, este esquema de reclutamiento se descubrió por primera vez en 2003, cuando un centenar de oficiales retirados fueron reclutados para hacer tareas de vigilancia en Irak y Afganistán. Según denuncias que la Justicia Militar investigó, fueron entrenados en el país con armamento liviano que habrían entregado militares en actividad. El reclutamiento de mercenarios volvió a aparecer en los titulares a fines de 2005, cuando 105 militares retirados chilenos fueron expulsados de Honduras, donde entrenaban junto a otros latinoamericanos antes de viajar a Medio Oriente. Los ex oficiales fueron repatriados a Santiago.
Según las cifras que se manejaban durante la invasión a Irak, unos 1000 ex soldados chilenos habrían trabajado como seguridad privada. Para el ex senador Alejandro Navarro, uno de los primeros en hacer pública la existencia de “mercenarios chilenos”, el número era mucho mayor. En un artículo de 2007 de Página12 señalaba que “Nuestros informes sostienen que alrededor de 2.200 han viajado a Irak y han vuelto a Chile desde la invasión”. Sus fuentes, eran “familiares de los ex militares contratados e incluso los mismos mercenarios, que de vuelta en Chile se quejan de malos tratos y de no haber recibido los sueldos prometidos”.
Tanto los informes de Navarro como los de la ONU se centraron en Red Táctica y en la figura de su presidente, José Miguel Pizarro, un ex teniente de artillería del ejército chileno, que en 1995 decidió dejar la institución y mudarse a Estados Unidos. Allí no cambió muchos sus hábitos. Ingresó en el cuerpo de infantería de la Marina y más tarde volvió a colgar el uniforme para convertirse en un consultor. En su currículum también se destacan sus apariciones esporádicas como analista en la cadena CNN, que lo presenta como un “experto de conflictos bélicos”. Su encargado de relaciones comerciales en Santiago, Herman Brady, es el hijo de un ex ministro de Defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.
Pizarro fue declarado culpable de infringir la Ley de Vigilantes Privados en 2011 por la Corte Suprema de Chile. Pero seguramente la historia no ha terminado allí.
Fuente: https://www.elindoamericano.cl/index.php/2025/03/07/mercenarios-y-contratistas-civiles-el-negocio-sucio-de-las-guerras-ii-parte/
