(English below)

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Ha llegado el momento de cerrar la cárcel de la base naval estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, donde sigue habiendo hombres detenidos lejos del territorio continental de Estados Unidos, en un infierno extrajudicial. Allí, hombres que han pasado más de 20 años en prisión sin juicio ni cargos en su contra —y cuyas liberaciones ya han sido autorizadas— continúan enjaulados, prácticamente olvidados.

Afortunadamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se ha olvidado. Once prisioneros que pasaron un largo tiempo en Guantánamo fueron recientemente liberados y trasladados a Omán para vivir en libertad. Aún hay quince hombres detenidos en la bahía. Seis de ellos nunca han sido imputados formalmente de ningún delito y tres cuentan con la autorización para ser liberados. Biden puede brindar algo de justicia a todos los prisioneros que permanecen en Guantánamo. El mandatario debería dejar en libertad a los que ya tienen su liberación autorizada y trasladar a los que tienen imputaciones o condenas a una instalación en Estados Unidos. Luego, debería ordenar el cierre definitivo de esta tristemente célebre prisión.

Desde el año 2002, unos 780 hombres han estado encarcelados en Guantánamo, la mayoría sin ninguna imputación de cargos en su contra. Han contado con el acompañamiento jurídico de un puñado de abogados estadounidenses, en ciertos casos durante casi un cuarto de siglo. Ramzi Kassem, profesor de derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, es uno de estos abogados.

En conversación con Democracy Now!, Kassem habló sobre uno de sus clientes que acaba de ser liberado y enviado a Omán: “Moath al-Alwi es un ciudadano yemení. Es uno de los primeros prisioneros que llegaron a Guantánamo. La prisión se abrió el 11 de enero de 2002. Él estaba en el segundo o tercer avión. Por eso, su número de serie de internamiento era bajo: el 028. [Al-Alwi] nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Fue vendido, como la mayoría de los prisioneros de Guantánamo, por una recompensa de entre 5.000 y 15.000 dólares que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía a las tribus de la frontera entre Afganistán y Pakistán por los llamados ‘árabes fuera de lugar’. Según las propias declaraciones del Gobierno estadounidense, el señor al-Alwi nunca llegó a disparar un solo tiro contra militares de Estados Unidos o de sus países aliados. Aun así, pasó 23 años, más de la mitad de su vida, en Guantánamo”.

Ramzi Kassem también se refirió a otro de los prisioneros recientemente liberados de la cárcel de Guantánamo:

“Sanad al-Kazimi sobrevivió a los centros de detención clandestinos de la CIA. Fue desaparecido en Emiratos Árabes Unidos y soportó brutales torturas físicas y psicológicas en una cárcel cuyos sobrevivientes bautizaron como ‘la prisión de las tinieblas’ o ‘la prisión oscura’ y que la CIA denominó ‘El pozo de sal’ o “Cobalto” en el informe que el Senado de Estados Unidos elaboró sobre los actos de tortura que allí se cometieron. [Al Kazimi] fue trasladado a Guantánamo en 2004. A él tampoco se le acusó formalmente de ningún delito. Tiene cuatro hijos a los que no ha podido ver durante la mayor parte de sus vidas”.

Multipliquemos estas historias por cientos y empezaremos a entender la magnitud de la injusticia y la mancha que los más de 20 años de existencia de la prisión de Guantánamo han dejado en el sistema de justicia estadounidense.

Otro de los hombres yemeníes que acaban de ser liberados y trasladados a Omán es Sharqawi Al Hajj, cuya representante jurídica ha sido durante mucho tiempo Pardiss Kebriaei, abogada principal de la organización Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés). Kebriaei habló sobre él en Democracy Now!:

“Sharqawi tiene 51 años. Estuvo encarcelado desde que lo capturaron cuando tenía 28 o 29. […] Guantánamo se creó para recopilar información de inteligencia. El objetivo era establecer un lugar en alta mar donde las personas pudieran ser retenidas e interrogadas sin garantías legales, sin acceso a los tribunales y en régimen de incomunicación”.

Sharqawi Al Hajj fue sometido a interrogatorios durante varios años, que comenzaron incluso dos años antes de su reclusión en Guantánamo, cuando Al Hajj estuvo encarcelado en un centro de detención clandestino de la CIA en Jordania y en la base aérea de Bagram, en Afganistán, la cual ha sido apodada “El Guantánamo del Este” debido a los brutales maltratos que los prisioneros experimentaban allí, similares a los de la prisión de Guantánamo.

La abogada Pardiss Kebriaei expresó: “Es difícil dimensionar lo que significa para estas personas haber salido y experimentar la libertad por primera vez después de tanto tiempo, tener la oportunidad de reunirse con sus familias y empezar a recuperarse y reconstruir sus vidas”.

Con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, es bastante poco probable que a los prisioneros de Guantánamo les espere otra cosa que seguir padeciendo en el agujero negro jurídico que constituye la cárcel de la bahía de Guantánamo. Por ejemplo, Moath al-Alwi se convirtió en un talentoso artista durante su encarcelamiento. En 2017, se realizó una exposición en Nueva York, que incluyó obras de él y de otros prisioneros de Guantánamo. En ese entonces, el Gobierno de Trump afirmó que esas obras de arte eran “propiedad del Estado” y comunicó a los abogados de los reclusos que serían destruidas. La medida se revirtió durante la presidencia de Biden.

Tal vez, si el dúo designado por Trump para recortar gastos, integrado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, hiciera una evaluación de la prisión de Guantánamo, tomaría la decisión de cerrarla. Al fin y al cabo, el Gobierno de Estados Unidos destina 500 millones de dólares al año para mantener en funcionamiento la cárcel y el tribunal de Guantánamo, que ahora solo tiene 15 prisioneros.

En 2009, el expresidente Barack Obama prometió cerrar el centro de detención de Guantánamo, pero no lo hizo. El presidente Biden podría cerrarlo: tiene la autoridad y aún tiene tiempo. Pero ¿tendrá la voluntad?

Fuente: https://www.democracynow.org/es/2025/1/10/biden_aun_tiene_el_tiempo_y

Biden Has Time and Authority to Finally Close Guantánamo

By Amy Goodman & Denis Moynihan

The time has come to shutter the prison at the U.S. Naval Base at Guantánamo Bay, Cuba, where men are held far offshore the mainland U.S. in an extrajudicial hell. There, men imprisoned for over 20 years, without charge, without trial, and who have been cleared for release, remain caged, virtually forgotten.

President Biden, thankfully, hasn’t forgotten. Eleven long-term Guantánamo prisoners were recently released, transferred to Oman to live free. Fifteen men remain imprisoned in Guantánamo. Of those 15, six have never been charged with a crime, and three have been cleared for release. Biden can deliver a measure of justice to all those remaining in Guantánamo. He should release those who’ve been cleared, and transfer those who remain charged or convicted to a facility inside the U.S. He should then order the notorious Guantánamo Bay prison to be shut down, once and for all.

Overall, 780 men were imprisoned at Guantánamo since 2002, most without charge. A handful of U.S. attorneys have advocated for them, some for almost a quarter century. Ramzi Kassem, a law professor at City University of New York, is one of these lawyers.

“Moath al-Alwi is a Yemeni national,” Ramzi Kassem said on the Democracy Now! news hour, describing one of his clients who was just released to Oman. “He’s one of the very first prisoners who arrived at Guantánamo. The prison was opened on January 11th, 2002. He was on the second or the third plane. You could tell by his low internment serial number, 028. He was never charged with any crime. He was, like the majority of prisoners at Guantánamo, sold for a bounty, $5,000 to $15,000, that the U.S. government was paying to tribes in the Afghanistan-Pakistan border region for so-called Arabs out of place. By the government’s own allegations, Mr. al-Alwi never so much as fired a shot at U.S. forces or their allies. Still, he spent 23 years, over half of his life, at Guantánamo.”

Ramzi Kassem described another of those prisoners recently released from Guantánamo:

“Sanad al-Kazimi survived the CIA black sites. He was disappeared in the United Arab Emirates, survived severe forms of physical and psychological torture at a prison that the prisoners who survived it called ‘the prison of darkness’ or ‘the dark prison.’ The CIA called it the ‘Salt Pit’ or ‘Cobalt’ in the Senate’s report about the torture that happened there. He was brought to Guantánamo in 2004. He was also never charged with a crime. He has four kids that he hasn’t seen for the better part of their lives.”

Multiply these stories hundreds of times, and you begin to grasp the scale of injustice that has dominated the 20-plus year stain of Guantánamo on the U.S. justice system.

Sharqawi Al Hajj is another of the Yemeni prisoners just released to Oman. He has long been represented by Pardiss Kebriaei, a senior staff attorney with the Center for Constitutional Rights (CCR).

“Sharqawi is 51. He’s been inside since he was captured when he was 28, 29,” Kebriaei said on Democracy Now! “Guantánamo was set up as an intelligence-gathering operation. The point of it was to establish a place offshore where people could be held outside the bounds of the law, without access to courts, incommunicado, and where they could be interrogated.”

Despite years of interrogation, including two years before Guantánamo, when Sharqawi Al Hajj was imprisoned at a CIA dark site in Jordan and at Bagram Airbase in Afghanistan, which was dubbed “Gitmo East” as the brutality inflicted on prisoners there paralleled that suffered at Guantánamo itself.

“The release of these people and their freedom for the first time after all of this time, the chance to reunify with their families and begin to recover and rebuild, it’s hard to overstate the enormity of that for them,” CCR attorney Pardiss Kebriaei said.

It seems at best unlikely that the remaining prisoners would see anything under the incoming Trump administration other than a continuation of their lives in the legal black hole that is Guantánamo Bay. For example, Moath al-Alwi became an accomplished artist while imprisoned. Following a 2017 New York exhibit of art by him and other Guantánamo prisoners, the first Trump administration declared their artwork “government property,” telling lawyers it would be destroyed. The policy was reversed under President Biden.

Perhaps, if Trump’s federal budget-cutting duo of Elon Musk and Vivek Ramaswamy were to consider Guantánamo, it would be closed. After all, the government spends half a billion dollars a year keeping the prison and the court at Guantánamo open – now, for just these 15 men.

President Barack Obama pledged to close Guantánamo as far back as 2009, but failed to do so. President Biden still has the power to close it, he has the authority, and he still has the time. But does he have the will?

https://www.democracynow.org/2025/1/9/biden_has_time_and_authority_to