“Acá todo parecía ser aún construcción y ya es ruina”, dice una vieja canción del famoso músico Caetano Veloso. El verso sirve bien para ilustrar lo que le acontece al nuevo gobierno de Brasil presidido por Michel Temer, en funciones desde el 12 de mayo.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), corazón de la nueva coalición gobernante, tiene sus principales dirigentes, incluido Temer, pendientes de denuncias de corrupción que, aunque no los lleven a la cárcel en el futuro, ya los debilitaron políticamente y amenazan desestabilizar su gobierno.
Sergio Machado, exsenador y expresidente de Transpetro, empresa transportista del grupo estatal Petrobras, reveló que 23 políticos, 10 de ellos del PMDB, recibieron fondos desviados de los contratos de la petrolera con constructoras y otros proveedores.
Sus testimonios ante el Ministerio Público (fiscalía) se hicieron públicos el 15 de junio, por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que aceptó su acuerdo de colaboración con la justicia en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción que tiene como epicentro a Petrobras.
Temer le habría pedido 1,5 millones de reales (unos 750.000 dólares en la época) para ayudar ilegalmente a un candidato a alcalde de la sureña metrópoli de São Paulo en 2012, denunció Machado.
El vicepresidente, jefe interino del Poder Ejecutivo hasta que concluya el proceso de inhabilitación de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, negó vehementemente la acusación, al igual que el presidente del Senado, Renán Calheiros, y otros seis senadores, incluyendo el exgobernante José Sarney (1985-1990), todos del PMDB.
Otra fue la actitud Henrique Alves, del mismo partido, quien renunció al cargo de ministro de Turismo. Él afronta otros procesos abiertos dentro de la Operación Lava Jato (autolavado de vehículos), que desde hace dos años viene desnudando la organización delictiva que desvió miles de millones de dólares de proyectos petroleros estatales.
Temer había perdido otros dos ministros en sus dos primeras semanas de gobierno, el de Planificación, Romero Jucá, y el de Transparencia, Fabiano Silveira. Machado filtró diálogos grabados de ambos, en que discutían diferentes formas para bloquear esa investigación.
Jucá mantiene su influencia como senador y presidente del PMDB, pero ya son nueve los procesos penales que se amontonan contra sus dirigentes en el STF, la única instancia que puede juzgar a los parlamentarios y miembros del Ejecutivo, al gozar de “foro privilegiado·.
La Operación Lava Jato ya encarceló a decenas de empresarios, mientras la mayoría de los políticos sigue a la espera de juicio en el Supremo Tribunal. Pero en la vida política importan más la reputación y la imagen popular que los desenlaces judiciales.
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